Se le denomina "el cuarto poder" a los medios de comunicación escrita y con mucha razón. Un columnista o reportero de este tipo de medios tiene tanto o más poder que un funcionario público. En un país donde un porcentaje relativamente pequeño de la población sabe leer, donde un porcentaje todavía más pequeño tiene la capacidad de realmente entender lo que está leyendo, y un porcentaje insignificante de la población cuenta con la educación y el criterio para poder interpretar la información que la prensa publica con la objetividad que merece, la palabra de un columnista o de un "experto" como comunmente se le denomina a quien a la prensa le convenga que así sea, es prácticamente palabra del señor.
En algunas ocasiones me siento completamente decepcionado por escuchar a compañeros de estudio o personas que ya tienen edad y educación suficiente para tener criterio propio, repetir como loritos lo que leen en la prensa de ese día cuando se les pide su opinión sobre algún tema de política o gobierno.
¿Y es que qué tanto sabe en verdad el guatemalteco promedio sobre el ejercicio de la función pública? Por lo que veo, muy poco. Los guatemaltecos en general ven con desdeño el ejercicio de un cargo público, cuando debería ser todo lo contrario.
Pensémoslo así, en el sector privado, un empresario puede hacer con su empresa lo que le venga en gana. Contrata y negocia con quien le dé la gana, ya sea porque le da un mejor precio, porque confía en esta persona o porque ya ha trabajado con él antes y quedó contento con los resultados.
En el sector público, se debe de llevar a cabo una licitación, un concurso público y otro montón de procesos supuestamente implementados con el fin de transparentar el gasto público. Lo que no se dice, y no lo dice la prensa tampoco en toda su sabiduría, es que muchas veces estos procesos entorpecen el gasto público, perjudicando directamente la calidad en la ejecución del mismo y creando burocracia innecesaria que incide directamente en el porcentaje de corrupción en el manejo del erario público.
De esta breve comparación nos damos cuenta de una pequeña gran diferencia. En el sector privado, el empresario se maneja según su leal saber y entender, muchas veces utilizando su instinto para olfatear el momento de cerrar un negocio, de emprender un proyecto o de tomar decisiones de este tipo.
Sin embargo, la administración del gasto público es sumamente complicada. Todo movimiento, toda decisión, todo negocio que se efectúe en el ejercicio de la administración pública debe ser documentado, procesado, aprobado, revisado y vuelto a aprobar. Las leyes que se implementaron para transparentar el gasto público fueron hechas con una visión tan legalista, cerrada y positivista, que han hecho el trabajo del funcionario público una pesadilla, lleno de enredos, trabas y obstáculos que imposibilitan al funcionario ser eficiente en su trabajo.
Comparto tu opinión, pero me viene a la mente entonces la pregunta clave ¿Cómo lograr que no haya corrupción en los negocios de la administración pública? ¿tocamos el tema de la integridad, la rectitud y la moral a la hora de actuar de los funcionarios? ¿cómo lograr la transparencia en el manejo de fondos públicos sin -hipoteticamente- estas leyes cuya función es observar más de cerca al funcionario? En un país como el nuestro, tristemente la corrupción es aún mas grande que la burocracia en este tipo de negocios...
ResponderEliminarEn mi opinión, se trata de establecer incentivos, no limitaciones. Es importante, primero que todo dignificar la función pública, en esto, es clave el papel de la prensa, ya que se ha dedicado ya desde hace bastante tiempo a llevar a cabo una crítica destructiva y no constructiva. Segundo, se debe de eliminar completamente el anonimato en la ejecución del gasto público. Que se lleve un control minucioso de quien y como se gasta el dinero. SIEMPRE debe haber un responsable(s) con nombre y apellido y esta información debe ser completamente pública. Tercero, se debe de educar al pueblo en cuanto a la función pública, sería interesante un programa de pasantías (como lo hace la Universidad del Istmo) en instituciones estatales, para que los jóvenes estudiantes se den cuenta de las fortalezas, debilidades y dificultades de la función pública y de esta manera se puedan proponer las reformas pertinentes basadas en experiencia y no en conjeturas. En general, sería de gran importancia propiciar un papel activo de la población en la fiscalización del ejercicio público a través de la participación política. Es INDISPENSABLE que como guatemaltecos y ciudadanos responsables, nos acerquemos al sector público, en vez de temerle. Me explico, sólo a través de la participación política ciudadana (participación y financiamiento activo de ciudadanos comunes y corrientes dentro de los partidos políticos) se logrará una mayor transparencia en la actuación de los partidos políticos, además de propiciar gobiernos que dirijan políticas públicas basadas en ideales y no en intereses particulares o clientelares.
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